(La Jornada – Editorial) Hace 40 años, ante los reclamos estudiantiles de apertura, justicia y sensibilidad, el régimen político mexicano recurrió al crimen de lesa humanidad para salvaguardar su autoritarismo y su cerrazón.
El movimiento del 68 fue sucedido, en los años siguientes, por los esfuerzos democratizadores de la izquierda y de la derecha, así como por organizaciones que de la masacre del 2 de octubre perpetrada en Tlatelolco concluyeron la imposibilidad de transformar el poder público de manera pacífica. Para hacer frente a esos intentos, los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo no recurrieron a las leyes e instituciones vigentes, sino que organizaron aparatos represivos ilegales que pusieron en práctica, en territorio mexicano, métodos similares a los de las dictaduras militares de Centro y Sudamérica: la desaparición forzosa, la cárcel clandestina, la tortura y el asesinato de los implicados en los grupos guerrilleros, de sus familiares e incluso de ciudadanos ajenos a la lucha armada.
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