(La Jornada) Las negociaciones en torno al paquete de reformas en materia de seguridad pública y justicia que Felipe Calderón envió al Senado se han complicado, ya que el Partido Acción Nacional (PAN) pretendía acelerar su aprobación, pero los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) consideran que contienen disposiciones que violan derechos humanos, y esquemas de excepción que pueden dar paso a la formación de un Estado policiaco.
El próximo martes están citadas las comisiones dictaminadoras para discutir la ley sobre extinción de dominio, una de las más cuestionadas, ya que a juicio tanto de priístas como de perredistas requiere modificaciones de fondo, porque vulnera garantías fundamentales de los mexicanos.
