(Exonline) Permitir la pena de muerte a secuestradores tendría consecuencias graves para el país en su prestigio internacional y en respeto a los derechos humanos, advirtió el subprocurador de la PGR Juan de Dios Castro.
La polémica por esta iniciativa —el Congreso de Coahuila aprobó pedir una modificación de la Constitución federal para poder incorporar esa pena a su código estatal—, registró ayer una escalada. “Si se llegara a aplicar, violaría convenios internacionales a los que México se ha comprometido, y se le podría exigir responsabilidad en tribunales internacionales”, planteó Castro.
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